Redacción Palmira
El Periódico
En el 2007 inició el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Ley 1098 de 2006, a través del cual se garantizan los derechos de los jóvenes infractores de la Ley. Allí se instituyó el principio de Corresponsabilidad, entendida como la concurrencia de actores y acciones que garantizan los derechos vulnerados de esta población.
Sabiendo que en Colombia muchos jóvenes adolecen de un contexto sociopolítico, económico y cultural, que proporcione desde su infancia un desarrollo integral garante de derechos, el concepto merece una revisión.
Los jóvenes entre 14 y 18 años son penalmente responsables, pero muchos de sus actos son resultado de una crianza en que la familia, docentes y otros adultos involucrados no ejercieron eficazmente su rol formador, promoviendo bases frágiles en el desarrollo de habilidades sociales, tergiversando sus valores y generando alteraciones de salud mental.
Al ser corresponsables, los esfuerzos de los padres, docentes y adultos relacionados, víctimas igualmente de la delincuencia juvenil, deberían articularse de manera continua, buscando ayudar al adolescente a asumir la responsabilidad de sus actos, promoviendo la inclusión social y la reparación del daño causado por la Familia, el Estado y la Sociedad al joven infractor.
Infortunadamente los actores corresponsables asumen posiciones erróneas frente a esta situación: Muchos padres y madres dejan solos a los jóvenes asumiendo el problema, otros, por el contrario, se convierten en sus cómplices. Algunas instituciones educativas no permiten que estos "delincuentes" permanezcan en sus aulas, expulsándolos con causas aparentemente justificadas, reflejando estigma y exclusión hacia jóvenes educados por ellos mismos durante varios años de vida escolar. Igualmente, la comunidad los señala como "manzanas podridas que no tienen solución", reforzando el rechazo.
A esto se suma un Sistema Judicial que aún cojea, dejando la percepción de que los jóvenes se "pasan por la faja" la ley, imperando la impunidad. Efectivamente, muchos infractores con rasgos antisociales ratifican que la nueva Ley "no los toca", reincidiendo en actos delictivos.
Así las cosas, esta Ley de Infancia y Adolescencia que busca garantizar a niños/as y adolescentes un pleno y armonioso desarrollo, seguirá cojeando hasta que todos los actores "corresponsables" asumamos que somos parte del problema así como de la solución
El Periódico
En el 2007 inició el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Ley 1098 de 2006, a través del cual se garantizan los derechos de los jóvenes infractores de la Ley. Allí se instituyó el principio de Corresponsabilidad, entendida como la concurrencia de actores y acciones que garantizan los derechos vulnerados de esta población.
Sabiendo que en Colombia muchos jóvenes adolecen de un contexto sociopolítico, económico y cultural, que proporcione desde su infancia un desarrollo integral garante de derechos, el concepto merece una revisión.
Los jóvenes entre 14 y 18 años son penalmente responsables, pero muchos de sus actos son resultado de una crianza en que la familia, docentes y otros adultos involucrados no ejercieron eficazmente su rol formador, promoviendo bases frágiles en el desarrollo de habilidades sociales, tergiversando sus valores y generando alteraciones de salud mental.
Al ser corresponsables, los esfuerzos de los padres, docentes y adultos relacionados, víctimas igualmente de la delincuencia juvenil, deberían articularse de manera continua, buscando ayudar al adolescente a asumir la responsabilidad de sus actos, promoviendo la inclusión social y la reparación del daño causado por la Familia, el Estado y la Sociedad al joven infractor.
Infortunadamente los actores corresponsables asumen posiciones erróneas frente a esta situación: Muchos padres y madres dejan solos a los jóvenes asumiendo el problema, otros, por el contrario, se convierten en sus cómplices. Algunas instituciones educativas no permiten que estos "delincuentes" permanezcan en sus aulas, expulsándolos con causas aparentemente justificadas, reflejando estigma y exclusión hacia jóvenes educados por ellos mismos durante varios años de vida escolar. Igualmente, la comunidad los señala como "manzanas podridas que no tienen solución", reforzando el rechazo.
A esto se suma un Sistema Judicial que aún cojea, dejando la percepción de que los jóvenes se "pasan por la faja" la ley, imperando la impunidad. Efectivamente, muchos infractores con rasgos antisociales ratifican que la nueva Ley "no los toca", reincidiendo en actos delictivos.
Así las cosas, esta Ley de Infancia y Adolescencia que busca garantizar a niños/as y adolescentes un pleno y armonioso desarrollo, seguirá cojeando hasta que todos los actores "corresponsables" asumamos que somos parte del problema así como de la solución
